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¿Fuero constitucional o inmunidad parlamentaria?

Por: Fernanda Godos Balderas. Consultora Jurídica, Docente Universitaria y miembro de la Academia de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.  

El pasado 8 de julio, fue aprobada por el Congreso del Estado la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de eliminación del fuero constitucional de los servidores públicos. El 29 del mismo mes, el Congreso del Estado expidió la Declaratoria del Decreto de reforma, con la aprobación de 185 de los 217 municipios, publicándose ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado.

 

Resulta interesante entonces, saber qué significa el término “fuero constitucional”, cuáles son sus alcances, y distinguirlo de la “inmunidad parlamentaria”, sobre todo porque aquel es un término muy utilizado que además ha ganado muy mala fama en la discusión política, y que muchas veces es confundido con este último. En este punto, es conveniente precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro máximo ordenamiento normativo, consagra ambas figuras:

El artículo 61 establece que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, refiriéndose a la inmunidad parlamentaria; mientras que el primer párrafo del artículo 111 refiriéndose al fuero constitucional, dispone que:

Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

 

El fuero constitucional o declaración de procedencia, es un acto legislativo que tiene por objeto desproveer de inmunidad procesal o desaforar a aquellos funcionarios públicos que la poseen, para ponerlos a disposición de una autoridad jurisdiccional a fin de que sean procesados por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo. Esta declaración de procedencia sólo elimina el fuero constitucional para que el funcionario sea juzgado posteriormente, por lo que no juzga: “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 111). Esta prerrogativa se concede a determinados funcionarios públicos con el fin de salvaguardarlos de acusaciones sin fundamento o de persecuciones políticas.

 

Por otro lado, la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la libertad de expresión de la que gozan los legisladores durante el desempeño de su encargo; es esa inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Su objetivo es la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias. Nótese que esta sí es exclusiva del poder legislativo, mientras que el fuero recae en funcionarios públicos tanto del poder legislativo, como ejecutivo y judicial, y de organismos autónomos. En la Constitución del Estado de Puebla encontramos esta figura en el artículo 41, que garantiza la inviolabilidad de las opiniones de las diputadas y los diputados. Si esa inmunidad no existiera, podría en algún momento considerarse al legislador como apologista de un delito o trastornador del orden público.

 

En un estado constitucional democrático de derecho, que tiene como una de sus características fundamentales garantizar la división de poderes en un sistema de pesos y contrapesos, es elemental conservar la inmunidad parlamentaria en el ejercicio legislativo, y esto es así porque la función esencial que realizan los legisladores hace del discurso, de la libertad de palabra, el instrumento sine qua non y la forma privilegiada de llevar a cabo su función pública a través del proceso legislativo, puesto que ahí radica la esencia de la representación.

De ahí la importancia de distinguir ambos términos y de que se empleen de manera adecuada.

 

Retomando, la reforma recientemente aprobada en nuestro Estado por la que se elimina el fuero constitucional, no la inmunidad parlamentaria, tiene las siguientes implicaciones:

 

  1. Se suprime el fuero constitucional en el Estado de Puebla;
  2. Se suprime la facultad del Congreso del Estado de erigirse en Gran Jurado para declarar la procedencia de la formación de la causa contra funcionarios que gozaban de fuero, conservándose únicamente lo relativo al juicio político;
  3. Los funcionarios que gozaban de fuero eran los siguientes: Gobernador, Diputados, Auditor Superior, Magistrados y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Con la reforma, dichos funcionarios durante el período de su encargo, podrán ser sujetos a proceso penal por cualquier delito, sin ser necesaria la previa declaración de procedencia; y
  4. Como el funcionario público no deja de ejercer su encargo, mientras esté siendo procesado por delito que merezca sanción corporal no se le pueden suspender sus derechos o prerrogativas como ciudadano; sin embargo, cuando el proceso comprenda alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez correspondiente ordenará la prisión preventiva oficiosamente; en caso de delito distinto, el órgano judicial competente podrá dictar las medidas cautelares de separación del cargo y la prisión preventiva mediante una motivación reforzada respecto de la plena justificación de la medida de conformidad con lo previsto por la legislación penal.

 

Es importante aclarar que el fuero constitucional subsiste en el ámbito federal, en términos del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal y del artículo 129 de la Constitución local, por lo que la figura fue suprimida únicamente a nivel estatal.

 

Por lo menos 16 entidades federativas han eliminado el fuero de sus Constituciones, sin embargo, aún está pendiente la reforma a la Constitución federal, que, aunque es una iniciativa del Ejecutivo, el dictamen fue desechado en diciembre del año pasado por la Cámara de Senadores y devuelto a la Cámara de Diputados.

 

Parece que la tendencia a nivel nacional es la eliminación del fuero constitucional por considerarlo un privilegio de la clase política, sin embargo, es oportuno conocer el alcance de esta institución y de la inmunidad parlamentaria, para su correcta interpretación y empleo.

 

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento”

-George Orwell-