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LA MEDIACIÓN

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. 

Sin duda, la correcta gestión pacífica y democrática de los conflictos, se obtiene a través de la metodología de la Mediación, a través del diálogo practicado de manera prioritaria, apreciativa, restaurativa y asociativa, con el fin de lograr una Justicia con efecto sanador y reconciliador.

En el contexto global, la evolución jurídico política de los países en los últimos años va encaminada a la consolidación de los pilares del servicio de Justicia, exigiéndose un mayor nivel de calidad de la misma. La globalización de las relaciones personales y económicas invita a una mayor focalización en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, basados en intereses y necesidades, que favorezcan el cumplimiento voluntario de los acuerdos a los que se arriban.

 

Las condiciones actuales sobre las que la sociedad construye su desarrollo han implicado el rápido crecimiento de la población, lo que tiene como consecuencia que los ciudadanos enfrenten distintos contextos para lograr el acceso a la Justicia. Es así que el modelo jurídico a nivel nacional ha entrado en una dinámica muy amplia, pues ahora estamos en un ritmo muy intenso, hablando de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa; es decir, de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; siendo LA MEDIACIÓN LA HERRAMIENTA PRIVILEGIADA, colocándose como el espacio propicio donde la cosa emotiva tiene cabida.

 

Es importante reconocer que contamos con un marco normativo que se va consolidando firmemente, pues desde hace mas de tres lustros a  nivel estatal ya se cuenta con leyes que apuntalan a la Mediación y a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; asimismo a nivel federal, por mandato constitucional se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, al reconocer que quienes transitan por un evento conflictivo, por su condición de personas, presentan necesidades que satisfacer y que requieren ser atendidas; este marco jurídico de manera paulatina de ha ido adaptando con la nueva realidad, en la que la ciudadanía tiene necesidad de contar con una experiencia de justicia afable, satisfactoria en todos los sentidos y no solo en el jurídico.

 

Bajo esos antecedentes, en muchos casos, la decisión judicial no suele solucionar el conflicto, mientras que recuperar el diálogo a través de la Mediación, incluso en una fase avanzada del procedimiento judicial, puede ser muy útil y, sobre todo, de mayor eficacia en la práctica. En virtud de que se arrastra una inercia legalista y jurisdiccional, se limita la autonomía personal y la posibilidad de soluciones creativas; por ello la importancia de impulsar la Mediación como el rostro humano de la justicia, lo que favorecerá en todos los sentidos la convivencia y la recomposición del tejido social.

 

De esta manera, ante la existencia de un conflicto, cuando se considera que otro ha infringido su norma de conducta en una relación, o cuando se soporta un daño que no ha sido producido por uno mismo, las personas tienden a buscar consejo para defender lo que consideran su derecho. Aquí es donde la Mediación tiene cabida, como método, herramienta o mecanismo útil para resolver la cuestión controvertida; para que los involucrados pongan voz y rostro a su historia y puedan, por sí mismos, gestionar pacíficamente el conflicto,  con la intervención de un tercero, ajeno e imparcial, es decir,  un Mediador, quien no tiene poder de decisión en los mismos, pero que con su intervención, asiste a las personas en conflicto en sus comunicaciones para que de manera asertiva estas construyan ese acuerdo mutuamente satisfactorio que atienda a sus intereses y necesidades cambiando la posición con la que se acercaron a negociar. Por ello, es preciso que para efectuar una indicación eficaz, los intervinientes concreten debidamente el objeto de la controversia, identifiquen con precisión sus necesidades y permitan ser guiados sobre las posibilidades, dificultades y costos de enfocar jurídicamente la cuestión para, a continuación, plantearse qué límites podrían colocar  a la negociación y si se advierten circunstancias (relacionales, económicas, de prestigio o imagen, de futuro, etc.) que beneficiarían un tratamiento no jurisdiccional.

 

La satisfacción de las personas en conflicto en todas las ocasiones depende de hacerlas partícipes de ese proceso negociador; se trata de dar protagonismo a quien es el protagonista del conflicto y por lo tanto, también de la solución. En ese proceso de búsqueda de las soluciones que mejor satisfagan a éste, el Mediador, actúa como director de la escena. La suya es una tarea de guía precisa y compleja, pues entran en juego conocimientos y competencias ajenas a lo jurídico, que no tienen cabida en el enfoque meramente jurisdiccional. En esa gestión directiva del conflicto, el Mediador percibirá cuando el “enroque” o fijación de una postura esconde otros intereses desde los que es posible abordar la controversia.

 

En tal caso se impone la indicación de la Mediación a la de un proceso judicial, para que ese profesional de la comunicación y la gestión emocional ayude a las personas a hallar sus posibles soluciones. La mediación siempre será idónea para los casos en que las partes mantengan lazos o se perciba una evidente carga emocional, cualquiera que sea la pretensión jurídica formulada, cuando el conflicto surja en una relación continuada de las partes y cuando la tutela del derecho suponga un costo que difícilmente será cuantificable en numerario por encontrarse, en algún momento, emocionalmente colapsados, donde surgen necesidades afectivas y emocionales que atender.

 

La experiencia nos indica que la metodología de la Mediación mejora la calidad de la respuesta judicial y mejora el futuro de las personas que la han llevado a cabo; por ello resulta esencial la realización de una labor divulgativa de la Mediación con el fin de que se conozca el objetivo que se busca con la misma. Esa labor divulgativa ha de ir dirigida fundamentalmente a las partes en conflicto y también a sus abogados. Debemos privilegiar la Mediación. Esto nos ayudara como sociedad a resolver conflictos en horas y no en años.

Nota al calce: Muy feliz año 2021, que haya salud y bienestar en las familias de los atentos lectores de “Esencia Jurídica” y que los reyes magos traigan todo lo que desean a sus hogares.

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VACUNA COVID-19

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

Durante casi un año el mundo espero por la vacuna para enfrentar al COVID 19, finamente el pasado jueves veinticuatro de diciembre dio inicio el programa de vacunación. La enfermedad que azota al país y al mundo con una ola de contagios en las últimas semanas que tienen a un importante número de estados, incluido Puebla, en alerta máxima debido al incremento significativo de casos confirmados, así como la saturación de los servicios de salud que con este repunte de la enfermedad nuevamente se encuentran al tope de su capacidad. No es México, no es Puebla en particular, es un incremento en esta segunda y hasta tercera ola de contagios en todo el mundo, países como Alemania que en un primer momento tuvieron un manejo casi excelso en el control de la pandemia, ahora están sufriendo consecuencias inéditas.

En México el pasado jueves inició el plan de vacunación del gobierno federal, fueron 2,924 dosis aplicadas en veinticuatro horas, fue de forma simultánea en el Hospital Regional del IMSS No. 2 y en el Hospital Militar de la Zona de Toluca, Estado de México. Cabe destacar que el Titular del ejecutivo en este contexto señaló que “la vacuna va a ser gratuita y universal” sólo dependerá de su disponibilidad, mencionó que el presupuesto para la adquisición de todas las dosis que se requieran para vacunar a todos los mexicanos ya existe, esto sin duda, son buenas noticias y lo son aún más porque se estará atendiendo al principio constitucional que establece el párrafo tercero del artículo cuarto de acceso gratuito a los servicios de salud.

México se convirtió de esta manera en el primer país de América Latina, en recibir y aplicar el antídoto contra el COVID 19, sólo esperemos y deseamos que el programa de vacunación que se ha diseñado resulte ser exitoso y que se despoje de cualquier inducción de carácter político electoral.

Solo recordemos que la vuelta a la normalidad pasa por la participación activa y responsable de la sociedad, que digámoslo claro no ha sido la mejor, falta aún tiempo para que, dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, la sombría situación que nos aqueja sea parte de la historia, siendo honestos debemos valorar, que si bien el inicio del programa de vacunación es alentador, también debemos señalar que no es la “varita mágica” que habrá de dar solución a  los problemas de salud asociados a esta pandemia. Está por concluir el año y las cifras de contagios y muertes son preocupantes, el polémico subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez reconoció que esta segunda ola de contagios que estamos viviendo ya superó la cifra más alta a la que habíamos llegado en el mes de julio. La CDMX, el Estado de México, Baja California, Hidalgo y Guanajuato son las entidades cuyas cifras de contagios y ocupación hospitalaria representan la mayor preocupación, lo que significa que, pese a la llegada del antígeno, la situación sigue siendo apremiante.

El plan de vacunación propuesto por el gobierno federal por grupos de población a priorizar en orden de prelación, se dice fue con base en los resultados de análisis con proyecciones de población Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupos de edad. Así mismo se implementó una estrategia de contención de defunciones que propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. Resultando lo siguiente: 1. Trabajadores de salud 2. Personas mayores de 80 años 3. Personas de 70 a 79 años 4. Personas de 60 a 69 años 5. Personas de 50 a 59 años 6. Personas de 40 a 49 años 7. Población menor de 40 años.

Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas.

El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir la COVID-19, cubriendo al menos al 75% de la población mexicana.

El pasado miércoles el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio detalles acerca del costo de la vacuna COVID-19, al estar presente en la llegada del primer lote de vacunas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó que el monto total de los convenios para recibir la vacuna representó un costo por mil 659 millones de dólares. Dicha suma expresada en moneda nacional es de alrededor 33 mil millones de pesos. Agregó que todos estos recursos ya han sido depositados en dólares, pero afirmó que no sufrirán una depreciación ante el comportamiento de los mercados financieros, el costo de las vacunas será pagado totalmente por parte del Gobierno de México, esto sin afectar los recursos destinados a las entidades gubernamentales.

¿Te vacunaras?, he escuchado a mas personas que prefieren no vacunarse, debido a que el tiempo de estudio y análisis de la vacuna fue muy corto y los verdaderos efectos secundarios no se conocen. Lo cierto es que mientras mantengamos hábitos higiénicos, alimenticios, físicos y de salud óptimos, tendremos menos posibilidades de pasarla mal ante el contagio. Mantengamos la sana distancia, el uso de cubre bocas y los mayores hábitos de higiene, son la mejor arma para evitar el contagio. Deseo sinceramente que el próximo año 2021 sea uno pleno de salud, bienestar y buenos momentos.  Que nuestro país tenga un mejor escenario de salud, económico, social y que la política sirva para atendernos por igual sin distinción y sin que haya discriminación.

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MEJORA REGULATORIA EN PUEBLA

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

 

Se dice que los nuevos estándares de la Administración Pública buscan crear una administración más eficiente y certera, es decir una administración que satisfaga toda necesidad de los ciudadanos a menor costo y en el menor tiempo posible, favoreciendo de este modo a mecanismos que permitan que los usuarios tengan una percepción de que se está promoviendo el desarrollo de la Administración Pública y los servicios públicos con una mayor calidad. Todo esto se logra mediante la implementación de sistemas que controlen y otorguen una plena transparencia de todo proceso, así como los planes y resultados que efectivamente los entes gubernamentales proporcionen.

En esa permanente búsqueda los gobiernos han ponderado los espacios de participación ciudadana para que ésta sea participe del diseño e implementación de las políticas públicas o cambios que se van dando dentro del área de la administración. Ya en algún momento se cuestionó el tamaño del sector público, así como también se pretendió impulsar a través de procesos de modernización muy novedosos la implementación en el sector público lo que en el privado había sido exitoso, no siempre con buenos resultados; se impulsó un proceso de simplificación administrativa y también en aras de la modernización se implementaron procesos de mejora continua.

Históricamente ha existido una inclinación de los gobiernos por impulsar todos estos cambios a través de patrones en los cuales la participación ciudadana ha estado ausente, debido a que los mismos fueron percibidos, definidos, diseñados, ejecutados y evaluados casi exclusivamente desde el gobierno. En la actualidad la ciudadanía reclama espacios de participación, por lo tanto debemos identificar que estamos frente a otro tipo de democracia, si se quiere imperfecta o simplemente diferente, con otros códigos, con otras tradiciones, con otras referencias simbólicas, lo que fomenta en los ciudadanos ánimo de mayor participación en los asuntos públicos.

Todo lo anterior se señala toda vez que el pasado veinte de noviembre fue publicada en el periódico oficial del estado la Ley de Mejora Regulatoria y buena Administración para el Estado de Puebla, evidentemente la debemos entender como un esfuerzo más del actual gobierno para mejorar la administración pública.

A nivel federal, y deseable es que también en nuestro Estado, la Ley General de Mejora Regulatoria sea un parteaguas en pro del bienestar social, la productividad y el crecimiento económico del país, ya que tiene como objetivo la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, lo que refrenda su vocación “económica”, “globalizadora” y “proempresarial”, sin duda es muy importante que desde su concepción se hayan considerados todos estos aspectos, además, tiene por objetivo establecer las bases y los principios a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), en el ámbito de sus competencias, para implementar la política de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios; la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria e instrumentos, herramientas y acciones en la materia.

En relación a sus disposiciones generales, se destaca el punto de partida sobre establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, sin embargo, las materias que excluye contradicen su objeto, porque no se aplica en las materias fiscal, en contribuciones y sus accesorios; responsabilidades de los servidores públicos, la pertinencia de que sean consideradas tendrá que ser valorada. Es una Ley que sin duda habrá de generar normas claras, además de procurar la simplificación de trámites y servicios, a fin de generar los mayores beneficios sociales con los menores costos posibles en los tres órdenes de Gobierno. Esta ley promete ser el primer eslabón para dar solución al problema de sobrerregulación que existe en México.

  • Impacto en los tres órdenes de gobierno;
  • Creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
  • Creación del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
  • Involucramiento de la sociedad al considerar el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria como un observatorio ciudadano, encargado de vigilar la correcta implementación de la política de Mejora Regulatoria, e
  • Instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.

En el marco de la aprobación del Congreso del Estado de Puebla, el titular del ejecutivo señaló que la Ley de Mejora Regulatoria del estado de Puebla coloca a la entidad a la vanguardia a nivel nacional, destacó que el Congreso del Estado la haya aprobado, pues hará más eficiente y efectivo el trabajo de las autoridades de nuestro estado.

De un informe se desprende que se diagnosticó que la actual administración encontró más de tres mil trámites, infinidad y duplicidad de requisitos, mientras que en el ámbito digital se hallaron apenas cinco, por lo que indicó que se ha emprendido un trabajo operativo, institucional, digital y de reorganización administrativa, basado en la Ley de Mejora recién aprobada.

Independientemente de que después de su aprobación falta por recorrer una ruta, como lo es la instalación del consejo estatal, la emisión de las disposiciones reglamentarias para dar cumplimiento a la entrada en vigor de la Ley, la instalación de los consejos municipales, etcétera, celebremos este importante esfuerzo que se está realizando para mejorar la practica de la Administración Pública.

Las cosas cambiarán, es un deseo, seguramente para bien, las formas de ejercicio del poder se deben adaptar a la nueva realidad, la necesidad de la existencia del estado y los entes públicos que materializan su actividad y autoridad seguirán vigentes, la Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración para el Estado de Puebla, debe aportar a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

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ASIA Y EL TRATADO COMERCIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

En medio de las turbulencias provocadas por la crisis de la COVD-19, el tratado de libre comercio más grande del mundo fue firmado. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés) está formado por 15 países: Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam, China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia.

El RCEP tiene como antecedentes dos propuestas de integración de la región asiática. En agosto del 2006, Japón propuso la Asociación Económica Amplia para el Asia Oriental (CEPEA por sus siglas en inglés) en una de las Cumbres del ASEAN. Esta iniciativa tenía planeado integrar al ASEAN, a Corea del Sur, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y la India. Igualmente, se basa en el Tratado de Libre Comercio de Asia Oriental (EAFTA) que integra al ASEAN+3. Estas propuestas fueron sintetizadas por el tratado actual.

La introducción de la idea del RCEP en la ASEAN ocurrió en noviembre de 2011 y las negociaciones comenzaron un año después. El tratado fue firmado el 15 de noviembre del 2020 en la cumbre del ASEAN celebrada en línea. El nuevo esquema de integración representa un tercio del PIB y de la población mundial. Contiene grandes asimetrías entre el PIB per cápita de los países y comunidades enteras, que se destacan a continuación: Brunei, 1500 dólares de PIB per cápita, y Corea del Sur, 31,000 dólares. China tiene 1.400 millones de habitantes, mientras que Brunei tiene poco más de 450,000.

Dentro del tratado se tocan los temas de: comercio, inversión, servicios financieros y digitales, propiedad intelectual y cooperación tecnológica. En materia de movilidad de personas, se admitirán las estancias temporales con visa. Esto significa que se limita a un tratado comercial y no un proceso de integración económica, con libre circulación de factores. La OMC llevará a cabo la resolución de disputas de acuerdo con sus normas y en caso de un tratado bilateral existente, el foro será elegido por el país reclamante. No hay ninguna disposición sobre el empleo, los subsidios gubernamentales, ni el medio ambiente.

Destaca la cooperación tecnológica que tiene como fin reducir la brecha de desarrollo entre los países de la región. Aquí es donde entra China y sus avances tecnológicos a bajo costo. La implementación de tecnología china en los países miembros de la ASEAN ya existía antes, principalmente en energía. En el sudeste asiático, China ya ha instalado 52,573 MW de capacidad eléctrica, principalmente con fuentes de energía fósil. Parece que China invierte en países con un PIB per cápita más bajo en energía sucia debido a sus bajos costos tecnológicos y de generación de energía, como Laos y Camboya. Indonesia también recibe tecnología de generación de energía a partir de carbón debido a su gran producción de carbón (la cuarta del mundo) y a su laxa política ambiental.

La nueva región representa el 29% de las exportaciones mundiales. Cinco países no pertenecientes a la ASEAN (China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda) representan el freno comercial de la región. Sin embargo, la participación de la ASEAN en el comercio es también notable, con el 7% de las exportaciones mundiales acercándose a la importancia de los EE.UU.

Si revisamos las principales exportaciones e importaciones, podemos notar las cadenas de valor global (GVC). La lógica es que los teléfonos móviles, semiconductores y circuitos se trabajan en los países miembros de la ASEAN para su exportación al resto de las RCEP. La industria asiática de alta tecnología se volverá más dinámica con la eliminación de los aranceles. Del mismo modo, las exportaciones de energía fósil aparecen como relevantes desde los países del sudeste asiático a los nuevos miembros.

La inversión extranjera directa (IED) también se verá beneficiada. Entre todos los países del RCEP los que llevan la delantera con inversiones intrarregionales son Japón, China e Indonesia. Los primeros dos se concentran en la inversión de equipo de transporte. Destaca China a partir de la Nueva Ruta de la Seda. Indonesia, por su parte, es el principal inversionista del ASEAN intrarregional con los grupos empresariales: Lippo (telecomunicaciones, servicios de salud y comercio al por menor), Salim (Alimentos, energía, telecomunicaciones y banca) y Triputra (Manufactura, alimentos y minería). Australia ha invertido en la minería y en la industria tecnológica a partir de 2018 de manera activa.

Con el tratado, China puede tener más influencia regional, sobre todo con los socios que tiene disputas comerciales: Australia, Japón y Corea del Sur. Igualmente, tiene mayor margen de maniobra en los planes de la iniciativa de la Franja y Ruta. En la Tercera Sesión Plenaria del 18o Comité Central del Partido Comunista Chino se propuso que para 2020 se acelerarán las firmas de tratados comerciales para establecer una red de libre comercio para crear beneficios políticos y económicos.

El bloque representa un tercio de la población global y el 30% del Producto Interno Bruto Mundial (PIB), lo que ha prendido las alarmas en términos de competitividad de otros esquemas comerciales en el mundo, tal es el caso de la Unión Europea, el T-MEC, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico ​(CPTPP) y la propia Alianza del Pacífico (AP) con los cuales nuestro país mantiene Tratados de Libre Comercio (TLC´s).

Si bien es cierto, a través del CPTPP, México cuenta con Acuerdos Comerciales con algunos miembros del nuevo RCEP, tal es el caso de Australia, Brunéi (pendiente de ratificar), Japón, Malasia (pendiente de ratificar), Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, por el momento esto no representa una amenaza dado que los beneficios de desgravación arancelaria no son extensivos a todos sus miembros, especialmente a China y Corea del Sur, debido al artículo XXIV de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2020) concerniente a las Uniones Aduaneras y Zonas de Libre Comercio, dejando a un lado el artículo 1 de dicho Organismo referente a la nación más favorecida que establece lo siguiente: “En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC”.

A pesar de esta previsión (Artículo XXIV de la OMC) que evitaría darles acceso al mercado mexicano a dos de nuestros tres socios comerciales más importantes de Asia (China y Corea del Sur), con lo que aumentaría de manera natural nuestro déficit comercial con ellos, eso no quiere decir que México no tenga que contemplar una estrategia comercial específica ante el RCEP, dado que es altamente probable que los países que gravitan simultáneamente tanto en el CPTPP y el RCEP buscarán posicionarse en términos de geolocalización en territorio nacional con miras de aprovechar las ventajas de desgravación arancelaria del T-MEC. He aquí la urgencia de generar una estrategia de sustitución o complementación de importaciones provenientes de Asia con la producción nacional con el objetivo de que nuestras empresas, comenzando con las PYMES, se integren a las grandes cadenas de valor globales. Al respecto, hay que subrayar que la mayoría de las empresas que se han beneficiado de la red de TLC´s que nuestro país ha firmado son empresas globales y pocas de origen mexicano, por lo tanto, nos enfrentamos a un fenómeno de repatriación de capitales producto del comercio intra-firmas que operan en los mercados globales.

Esperemos que en vísperas de la era Post Covid-19, la transición de poder en el mundo y las nuevas acciones comerciales ante el CPTPP y el CREP que emprenderá seguramente la nueva administración de los Estados Unidos a partir del 2021, nuestro país esté listo para enfrentar los retos, es tiempo de fortalecer los puertos del pacifico mexicano, las vías de tren y carreteras que los comunican con  Estados Unidos, pero sobre todo, aprovechar las ventajas de un mundo que regresará a un orden liberal-multipolar y en donde el comercio internacional jugará un rol fundamental en la recuperación de la economía internacional y por ende, la de nuestro país.

 

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MATRIMONIO IGUALITARIO EN PUEBLA

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

El pasado tres de noviembre en plena vorágine de las noticias que llegaban de los Estados Unidos originadas por el proceso electoral, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Civil del Estado, que reconoce los matrimonios igualitarios. En los hechos, se trata de una formalidad, pues estas uniones se celebraban en la entidad federativa desde 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó ese derecho de las personas homosexuales en la jurisprudencia 43/2015. De forma previa el titular del ejecutivo había señalado que era un pendiente del Congreso local cumplir con el mandato de la Suprema Corte.

Sin duda es un avance en el reconocimiento de los derechos que involucran a toda la sociedad, para los grupos que desde diversas trincheras mantuvieron una larga lucha en la que reiteradamente argumentaron que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas, sin lugar a dudas representa un triunfo. El matrimonio civil de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), se coloca en el ámbito de los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse, basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia.

En nuestro estado, los tres primeros años posteriores a la resolución de la SCJN era necesario que las parejas tramitaran un juicio de amparo para que obligaran a los jueces del registro civil a respetar la sentencia de la SCJN, pero a partir de 2018 las uniones entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo sin que los interesados tuvieran que recurrir al Poder Judicial.

El litigio se descartó como vía para acceder al matrimonio debido a que el máximo tribunal de justicia del país determinó en agosto de 2017 que el concepto establecido en el Código Civil de Puebla es inconstitucional, por limitarlo a heterosexuales. De las 177 uniones que se concretaron en Puebla de 2015 a 2019, 93 por ciento, es decir, 165, ocurrieron tras el fallo de la SCJN contra la norma local.

Frente a esta realidad era impostergable y necesario que el concepto de matrimonio que establecía el código civil fuera modificado, el tema en sí mismo es polémico, sectores de la sociedad se manifestaron abiertamente en contra de dichas reformas. Pese a las declaraciones del papa Francisco,  orientadas a reconocer los matrimonios igualitarios, la jerarquía católica local se expresó contraria a dicho reconocimiento. Sin embargo, considero que el reconocimiento de derechos fundamentales nos hará una mejor sociedad, el respeto irrestricto de derechos a todos los grupos de la sociedad debe ser un imperativo,  está reforma a las disposiciones en materia civil es una de ellas.

Con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, los diputados locales avalaron diversas modificaciones al Código Civil en la entidad con lo que se cumplió con la disposición emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El texto reformado quedó así: “El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones”.

Mientras que la reforma relativa al concubinato quedó así: “El concubinato es la unión voluntaria y de hecho entre dos personas, que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala, haciendo vida en común de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse si tienen hijas o hijos en común, o si han cohabitado públicamente como cónyuges durante más de dos años continuos”.

A partir del 11 de noviembre, las parejas del mismo sexo ya pueden casarse en cualquier punto de Puebla toda vez que el matrimonio igualitario ya fue reconocido y es legal. Por tanto, será considerado como inconstitucional y discriminatorio aquellas disposiciones que consideren únicamente válido el matrimonio entre un hombre y una mujer o que su fin sea exclusivamente el de la procreación.

Con Puebla, suman 20 de 32 estados de México que han adecuado sus leyes o implementado acciones para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de amparos.

Sin duda esta reforma despierta polémica e inclusive molestia en algunos grupos de la sociedad, toda vez que argumentan que es el inicio del fin de la familia como núcleo origen de la sociedad, no creo que sea así, la diversidad es una realidad y por tanto debe ser reconocida como tal, con el respeto como característica primordial de nuestra sociedad no solo a quienes son diferentes sino también a las minorías que merecen ser escuchadas.

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