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AUSENCIA PRESIDENCIAL

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. 

El pasado día 24 de febrero el presidente anuncio en sus redes sociales que era positivo a COVID19, por lo que seguiría los protocolos médicos y guardaría reposo. El domingo 24 de enero, cuando abordó un avión comercial de Aeroméxico fue el último día que se le vio físicamente. Pasaron cinco días sin que el mandatario, fuera visto en sus actividades cotidianas alrededor del país porque estaba recluido y en aislamiento en un cuarto de Palacio Nacional que le fue acondicionado con todos los insumos médicos para su atención y monitoreo constante por 5 médicos militares especialistas, coordinados por el titular de Salud, Jorge Alcocer.

La semana que estuvo ausente de toda aparición pública, con información restringida y controlada sobre su estado clínico y la evolución de su enfermedad desató toda clase de versiones, rumores y suposiciones sobre la salud presidencial, al grado de que, más allá del debate público sobre la transparencia y el interés público que representaba su estado de salud, se llegaron a invocar razones de estabilidad política y de gobernabilidad ante la ausencia temporal del Presidente y la escasa información sobre su situación de salud.

Su reaparición a través de un video el viernes veintinueve de enero en los pasillos de palacio Nacional, dando un breve mensaje de agradecimiento a quienes les desearon pronta recuperación, incluido a sus adversarios políticos, era más que necesaria ya que los rumores sobre su estado de salud inquietaban a millones de mexicanos, los extremos fueron, la puntada que se atrevió a publicar un portal que señalaba que había sufrido un derrame cerebral, y otro que señalaba que el virus al Presidente le hacia “lo que el viento a Juárez”; es por ello que era necesario cerrar el espacio a la especulación, si bien el parte oficial durante toda la semana de confinamiento mencionaba que “estaba bien, activo y hasta de buen humor, con episodios de febrícula y dolor de cabeza” se necesitaba dar certidumbre de ahí lo oportuno de su reaparición. El vocero de la Presidencia trató de forma inútil de revertir la ola de especulaciones, cuando no hay claridad en el manejo de la información y se dejan vacíos, estos espacios son llenados por rumores, y así sucedió.

La figura del Presidente de la República, en nuestro país es de gran importancia ya que en su persona se reúnen las atribuciones y facultades de jefe de Estado y Jefe de Gobierno, es una pieza elemental para la estabilidad política del país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se contempla un escenario en el que el presidente no pueda ejercer sus funciones debido a una enfermedad. Al informar que tenía covid-19, Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero lo representaría en las conferencias matutinas, estando pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional.

Pero en el caso de que hubiere empeorado su salud y no pudiere atender sus funciones, no está claro quién podría tomar esa responsabilidad, los escenarios posibles respecto a la ausencia temporal por enfermedad del Presidente los establece el artículo 85 de la Constitución que señala que en caso de que el Presidente pida licencia hasta por 60 días naturales, y luego que sea otorgada por el Congreso, la titularidad del Poder Ejecutivo la asumirá provisionalmente el titular de la Secretaría de Gobernación. Si la ausencia se convierte en permanente, se procederá como lo indica el Artículo 84 en ese escenario, también el titular de la Secretaría de Gobernación asumirá las funciones del presidente, mientras el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, esto en virtud de que el presidente ya cumplió dos años al frente del ejecutivo.

Al respecto, la constitución establece que quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, que entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

Es importante mencionar que afortunadamente desde el periodo de Lázaro Cárdenas hasta la actualidad, todos los presidentes han concluido su mandato y han entregado el poder en la misma forma en la que lo recibieron.

Un antecedente es el de Vicente Fox, quien gobernó de 2000 a 2006, y quien tuvo que someterse a una operación en la espalda en marzo de 2003, esta intervención médica generó controversia en su momento por el tema de la estabilidad política del país mientras un presidente está siendo intervenido quirúrgicamente. La administración de ese entonces aseguró en todo momento que el presidente estaba en funciones, pero había polémica porque se tenía la redacción vigente del artículo 84 de la Constitución.

Ningún artículo prevé que el presidente se contagie de un virus que puede ser mortal, pero la Constitución ni siquiera considera que un mandatario esté enfermo, ni en qué momento está en riesgo la gobernabilidad del país. Sin embargo, sí existen artículos que pueden servir de guía hasta cierto punto. En este momento estamos hablando de un presidente que está enfermo, que está limitado en sus funciones, pero si se piensa bien, ningún presidente está en funciones las 24 horas del día, es decir, aunque el presidente en este momento tiene que cuidarse en casa y tiene que limitar sus actividades, sigue en funciones por la misma razón que sigue en funciones mientras está dormido.

Y más allá de las conclusiones que saquen en Palacio Nacional de todo este episodio, cuando aún faltan días de cuarentena y aislamiento presidencial, lo que dejó en claro López Obrador en su regreso a la escena pública a través de ese video, es que no habrá ningún cambio significativo a la estrategia que ha implementado su gobierno para combatir la pandemia del Covid en México, a pesar de las cifras desastrosas de muertes, contagios y saturación de hospitales públicos. De hecho, el presidente, le corrigió la plana a Hugo López Gatell, quien el jueves por la noche había afirmado que “habrá cambios y ajustes a la estrategia nacional contra el Covid”, a partir de los resultados y las recomendaciones de médicos especialistas y científicos que pidieron rectificar las directrices y acciones para frenar el crecimiento galopante de la pandemia en el país.

Sin duda es buena noticia que el presidente esté mejor y que haya superado, hasta ahora, la enfermedad de la mano de los médicos y los tratamientos que le suministraron. Bajo ninguna circunstancia es deseable una ausencia que requiera la aplicación de la Constitución, sin embargo, ojalá y sea un parteaguas en el manejo de la pandemia.

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EL MENSAJE DE JOE BIDEN

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. 

El pasado veinte de enero inicio el nuevo gobierno de nuestro vecino país del norte. Joe Biden dio su primer discurso como el presidente número 46 de los EE.UU., el segundo católico, tras J.F.K., y el de mayor edad, 78 años, que llega a la Casa Blanca, enfocó el mensaje de su discurso inaugural en la necesidad de superar la polarización política y lograr una mayor unidad nacional. “Si lo logramos, no fallaremos”, expresó. Se apoyo en palabras que han marcado su trayectoria política: verdad, decencia y respeto. Con ellas pretende reunir a un país profundamente golpeado por el coronavirus y que vive un momento difícil tras cuatro años de presidencia de Trump, que han dividido a los estadounidenses y acabaron con el asalto azuzado al Congreso por parte de partidarios fanáticos del expresidente el pasado 6 de enero.
En su mensaje de 25 minutos, el presidente reconoció enormes desafíos, que de inicio propone resolver a través de la unidad y la reconciliación, frase que se hace común en un discurso inicial de gobierno, al hablar de unidad nacional y mencionar que triunfó el pueblo, celebrando el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia, mencionó que la voluntad del pueblo se había tomado en cuenta y se obtuvo el aprendizaje que la democracia es frágil pero valiosa en ese momento, había prevalecido.
Las frases fueron claras y son palabras clave para conocerlo como persona, habló de restaurar el alma y asegurar el futuro de EUA basados en la democracia y la unidad, de una lucha contra el enemigo, mencionando que el enojo, resentimiento, odio, extremismo, ausencia de ley, violencia, enfermedad y desesperanza no nos llevan a nada, dejar de gritar y bajar los ánimos ya que sin unidad no habrá paz, solo amargura y no existirá una nación. Es decir, nunca aludió al pasado, ni intento dividir a la población, tampoco culpo a nadie de los problemas existentes, actuó como un verdadero estadista, proactivo, claro, firme y contundente.
Invitó a sus connacionales a que se escuchen, se vean, se respeten unos a otros, ya que la política no tiene que un ser motivo que destruya lo que este a su paso, cualquier diferencia no tiene que ser un causal de guerra total, se tiene que rechazar la cultura de que los hechos por si mismos son manipulados o fabricados.
A los que no apoyaron su proyecto en las elecciones pasadas les dijo que lo escuchen conforme vaya avanzando, que tomen la medida de él y su corazón y si aún así siguen en desacuerdo no hay problema ya que esa es la democracia. Mencionó que los desacuerdos no deben llevar a la desunión, ya que la lucha es de todos y por todos. Señaló que deben de terminar esa guerra incivilizada, que enfrenta el rojo con el azul, lo rural contra lo urbano, conservadores contra liberales, lo podemos hacer, si abrimos nuestras almas en lugar de endurecer nuestros corazones, si mostramos algo de humildad y tolerancia, si nos ponemos en los zapatos del otro.
El mandatario también hizo referencia a la invasión de partidarios de su predecesor, Donald Trump, en la sede del Poder Legislativo. Aseguró que “la democracia ha prevalecido” y se comprometió a “derrotar el terrorismo doméstico y el supremacismo blanco”. Sobre el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump el 6 de enero, prometió que no volverá a pasar “ni hoy ni mañana”.
Y en una velada referencia a quienes instigaron a la turba, dijo: “Está la verdad y hay mentiras. Mentiras que se dicen para ganar poder y dinero”. En consecuencia, dijo, es el deber de los estadounidenses, pero sobre todo de los funcionarios electos, “defender la verdad y derrotar las mentiras”. Sin mencionar una sola frase de confrontación con Trump o sus seguidores.
Biden ha anticipado su voluntad de modificar las políticas de su predecesor desde el primer momento al frente del ejecutivo. Un documento escrito por su jefe de gabinete, Ron Klain, indicó que la nueva administración emitirá numerosos decretos para abordar lo que han descrito como cuatro crisis que se superponen y se agravan, ellas son “la crisis de COVID-19, la crisis económica resultante, la crisis del clima y una crisis de desigualdad racial” ya que exigen una acción urgente. Por eso al inicio de su cargo, Biden tomará medidas decisivas contra las cuatro y también para prevenir otros daños urgentes e irreversibles y restaurar el lugar de los Estados Unidos en el mundo.
Basado en lo anterior en su primer día, Biden firmó 17 medidas a través de las cuales eliminará la prohibición de viajes desde algunos países de población mayoritariamente musulmana (Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen), también busca que los Estados Unidos regresen al acuerdo climático de París, quiere evitar las ejecuciones hipotecarias y los desalojos generados por la crisis del COVID-19 e imponga el uso de cubre bocas en los viajes interestatales y dentro de los edificios federales. También extenderá la moratoria de los pagos a los créditos para la educación universitaria, que constituyen una importante deuda que los estudiantes se llevan, junto con el título, al graduarse.
De estos 17 acuerdos ejecutivos, que efectivamente suscribió el día veintiuno de enero, cuatro por lo menos tienen una relación directa con nuestro país, y son a saber: 1. Detener la construcción del muro fronterizo que Trump ordenó construir en la frontera sur, en el decreto de Biden argumenta que la construcción del mismo es un gasto innecesario “… es una pérdida de dinero y desvía la atención de amenazas genuinas …. “; 2. Refuerza el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) con ello se inicia un programa de regularización de status migratorios de casi un millón de personas que son beneficiarios de este programa, de las cuales el 75 % son de origen mexicano; 3. Anula la orden de deportar a migrantes sin papeles mediante el cual exime de la deportación y concede permisos temporales de trabajo , ; y 4. Revoca la exclusión a los no ciudadanos del censo, sin duda es un gesto humanitario que anula la estigmatización y criminalización de millones de personas que han sido esenciales en el sostenimiento de la poderosa economía de ese país, obtener la residencia permanente (Green card) permitirá solicitar su residencia legal.
Estos aspectos son positivos, pese a que aún hay una ruta que se deberá transitar, es altamente esperanzador que en el discurso y en los hechos la actual administración de los Estados Unidos deje atrás ese mensaje de odio y polarización que de manera permanente alentó el ex presidente Trump.
Biden afirmó “Lideraremos con el ejemplo”, frase que ha enmarcado su trayectoria, donde las palabras “valor, decencia y respeto” como forma de actuar sin duda son de gran esperanza para todos. Vendrán días mejores en la relación de nuestro país con Estados Unidos, depende en mucho de el Gobierno de la República que esa relación no solo se fortalezca, sino que sea un verdadero apoyo para los intereses de México.

 

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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. 

Hace algunos días bajo el argumento de disminuir el gasto y señalando que entre más dependencias u organismos es mayor la dispersión de recursos y se presta a ser corruptible, el presidente de la republica mencionó que propondrá al congreso la desaparición de diversos organismos autónomos. Estos son instituciones que se han ido consolidando a lo largo de muchos años como entidades con patrimonio, personalidad y organización administrativa independiente de cualquier poder. Su autonomía les da la fuerza para ser respetados y obedecidos. Su creación pasó por multitud de movimientos sociales y políticos pidiendo que el Gobierno no fuera juez y parte para que éste a través de sus secretarias no los manipulara.

El titular del ejecutivo señaló que acordó con su gabinete presentar las propuestas para reformar las disposiciones legales a que haya lugar e iniciar el debate correspondiente ya que con estas reformas se logrará obtener un ahorro de hasta 20 mil millones de pesos, ahorro que sería destinado a la adquisición de vacunas contra el Covid-19. En la actualidad hay más de 200 organismos autónomos que representan un gasto de cerca de 500 mil millones de pesos al año.

La pregunta es si detrás de los argumentos de eficientar el uso de los recursos públicos que en tiempo de crisis económica pudieran ser válidos,  no está la de desaparecer varios órganos constitucionales autónomos, con la finalidad del aumento de poder y control del presidente sobre las actividades y materias de las que se ocupan como son las del sector energético, de telecomunicaciones, la competencia económica y la información.

Su desaparición tendría que transitar como ocurrió con su creación por el congreso de la Unión toda vez que se trata de una reforma constitucional, es decir, la cámara de diputados y la de senadores, hoy en día por su conformación creo que se vería detenida en el propio senado. Los requisitos para una reforma a un articulo de la constitución son dos: Que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes la reforma o adición; y que dicha reforma o adición sea aprobada por la mayoría absoluta que es la mitad mas una de las legislaturas de los treinta y dos estados de la República.

La desaparición de órganos autónomos va en contra de intereses de la mayoría de los ciudadanos, toda vez que no habría quién vigile con absoluta independencia los excesos de monopolios cuando cobran precios más altos o disminuyen la calidad de sus productos sin que el consumidor tenga alguna otra alternativa; no habría quién asegure que los consumidores tengamos las mejores tarifas de telefonía e internet y que haya la inversión requerida para brindar un buen servicio al mejor precio; no habría quién nos garantice que haya suficiente calidad y seguridad en el abastecimiento eléctrico y de hidrocarburos; no habría manera de conocer en qué se gastan nuestros impuestos ni los resultados de la gestión gubernamental.

En mi libro “Esencia Social” hablo del acceso a la información y de la transparencia, por lo que soy un convencido de que la desaparición de esos institutos provocaría que no pudiéramos defender la protección de nuestros datos personales. El INAI se encarga de tutelar nuestro derecho al acceso a la información pública, y con ello es el órgano del Estado, autónomo de los tres poderes y con jurisdicción sobre todos ellos, que es responsable de cuidar nuestros datos personales, con su desaparición sería el propio gobierno quien se encargaría de proteger toda nuestra información privada sin ningún límite; no podríamos exigir esa protección más que al mismo gobierno. Nuestros datos estarían resguardados por el gobierno en turno, no importando su filiación política.

Sin duda somos, con justa razón, celosos del uso de nuestros datos personales, a tal grado que en estos días han migrado cientos de miles de personas de WhatsApp a otras plataformas al anunciar la compañía de Facebook que modificaba sus políticas de privacidad, para ampliar los usos de los datos de quienes usamos esa plataforma. No olvidemos que la información es poder, quien tiene la información sobre una persona, controla a la persona, las experiencias históricas lo demuestran. Permitir que desaparezca el INAI es dar permiso al gobierno del uso irrestricto de nuestra información, que sólo nos pertenece a nosotros. Algunos de los organismos autónomos mas destacados que estarían en la posibilidad de desaparecer para que el Gobierno Federal pudiera asumir sus responsabilidades, facultades y presupuesto, están El Banco de México, La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), EL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), El Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin duda, son organismos que han aportado mucho para la democratización del país y el mejor desarrollo de la sociedad, es imperativo que esta propuesta sea analizada con profunda objetividad y prevalezca lo que ha demostrado ser útil y benéfico para México. El tema de presupuesto no debe ser el principal argumento,  el correcto desarrollo de nuestro país sí lo es.

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TELETRABAJO

Lic. Luis Javier Zamudio Enciso.  Secretario General del Sindicato de Equidad Laboral Nacional Sección 003 en los Estados de Puebla y Tlaxcala, Miembro de la Confederación de Equidad e Integración Nacional y Miembro de la Academia de Derecho Laboral del ICAEP.

En esta terrible  pandemia mundial en la que estamos sumergidos, las costumbres y hábitos nos  han cambiado y la forma laboral no puede ser la excepción, Por lo que hemos escucha que muchas empresas están implementando un nuevo sistema de trabajo denominado  “home ofice” o “trabajo en Casa”, con la finalidad de no perder fuentes de trabajo y tampoco perdidas de capital,  Como todo nuevo sistema a desarrollar surgen  problemas en los involucrados en CAPITAL-TRABAJO y como consecuencias en la economía familiar.

Cabe destacar que esta forma de trabajo no es nueva en nuestro país, pues nuestra legislación laboral la ha denominado “Trabajo en Casa” y la ha regulado en el capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo.

Que dentro de sus últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversos decretos que regulan y mejoran las relaciones de trabajo, como lo es el decreto publicado el pasado 11 de enero por el cual se reforma el artículo 311 de la Lay Federal del Trabajo en materia del trabajo en casa adhiriendo el Capítulo XII Bis denominado “TELETRABAJO”.

Derivado de lo anterior y para entender en qué consiste esta forma de desempeñar el trabajo  resulta indispensable mencionar que se considera como TELETRABAJO  a la forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento del patrón, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre las partes, así mismo es necesario que los servicios se desarrollen en más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este, esta forma de trabajo deberá constar por escrito mediante un contrato individual de trabajo en el que además de contar con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo deberá de establecer con mucha precisión lo siguiente:

  1. El equipo e insumos de trabajo (Computadoras, mobiliario, etc.) que proporciona el patrón al trabajador para el desempeño de sus actividades.
  2. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios.
  3. Garantizar a los trabajadores de la modalidad de teletrabajo el total conocimiento de los procedimientos de libertar sindical y negociación colectiva; es de destacar que en las empresas que no cuenten con un Contrato Colectivo de Trabajo deberán incluir en su Reglamento Interior de Trabajo un apartado de teletrabajo.
  4. Garantizar el derecho del trabajador al cambio de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual el trabajador deberá establecer los procesos y tiempo necesarios para hacer valida su voluntad de retorno a la modalidad presencial.
  5. La forma de garantizar la igualdad laboral con los trabajadores que presten sus servicios de manera presencial (a trabajo igual salario igual).
  6. Regular la forma de utilización de cámaras, videos, micrófonos tanto para la supervisión del teletrabajo de manera extraordinaria, así como durante el desarrollo del trabajo, garantizando en todo momento el derecho a la intimidad tanto del trabajador como del patrón.

 

Como podemos deducir, esta nueva forma de relación laboral trae aparejada ciertas obligaciones tanto a patrones como a los propios trabajadores, las cuales podemos resumir en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES DEL TELETRABAJO
PATRONES TRABAJADORES
Proporcionar, instalar y dar mantenimiento de los equipos necesarios para el desarrollo de la prestación, tales como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras etc. Conservar el buen estado de uso del equipo que reciba por parte del patrón.
Pago de los servicios de telecomunicación (internet) y la parte proporcional de electricidad. Informar oportunamente de los costos pactados (Internet, energía eléctrica)
Llevar registro de los insumos entregados a los trabajadores de esta modalidad. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades.
Preservar información de datos personales de los trabajadores. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones de su uso y almacenamiento.
Respetar los derechos de desconexión al término de la jornada laboral. Conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, (disposición pendiente por parte de STPS).

 

Es de suma urgencia que las empresas que han desarrollado este sistema de trabajo ahora reconocido por la legislación laboral como Teletrabajo, realicen un análisis del número de empleados que se encuentran en esta hipótesis, ya que el decreto publicado el pasado 11 de enero por el cual se reforma el artículo 311 de la Lay Federal del Trabajo en materia del “TELETRABAJO” entro en vigor el día 12 de enero de la presente anualidad y faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá llevar a cabo visitas de comprobación a las empresas, a través de sus inspectores del trabajo y sancionar a los patrones que no se apeguen al decreto en comento.

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MEDIACIÓN NOTARIAL

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. 

La necesidad de encontrar mayores vías adecuadas para resolver los conflictos entre particulares y empresas ha impulsado el crecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Una de esas vías precisamente se enmarca en la actuación del Notario Público Certificado para llevar a cabo funciones de Mediación.

La resolución de conflictos con la ayuda del Notario Público Mediador surge con el fin de ampliar el abanico de posibilidades de la ciudadanía que tiene necesidad de contar con su experiencia de justicia; ayudándolos así a resolver cualquier conflicto que se mantenga con otra parte sin tener que ir a juicio; ello en virtud de que, atentos a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, El Notario actúa también como auxiliar de la administración de justicia y podrá intervenir como consejero, como mediador, conciliador o árbitro, en términos de las disposiciones aplicables, en concurrencia con los órganos jurisdiccionales.

La Sede Notarial, al privilegiar a la “Mediación” dentro de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), permitirá diluir para los intervinientes, las barreras de comunicación originadas por el conflicto, restableciendo con ello la comunicación asertiva y el diálogo entre las partes intervinientes, propiciando con ello poner voz y rostro a sus historias, permitiéndose escuchar el uno al otro, evitando que las personas se encuentren emocionalmente colapsadas. Esta dinámica propicia para ellos un proceso transformativo que provoca un cambio de actitud en las personas y la forma de relacionarse en el futuro.

Al conocer que existe una manera distinta de relacionarse, se favorece la convivencia y la recomposición del tejido social; esto con la intervención,  asistencia profesional y especializada del Notario Certificado para llevar a cabo funciones de Mediador, siendo así un facilitador de la comunicación, quien, mediante la técnica aplicada, ayuda a los intervinientes a mirar con otro enfoque la realidad  y con una perspectiva constructiva, contribuyendo con ello, a un mayor dinamismo en la aplicación eficiente de la ley.

Bajo esta idea, la Mediación se perfila como el rostro humano de la justicia, volviendo dúctil al derecho, ablandándolo, así como flexibilizando los procedimientos, en los cuales, por mandato constitucional se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales,  al reconocer que las personas que cursan una situación conflictiva, por su condición de personas, presentan necesidades (mayormente emocionales y no necesariamente jurídicas) que satisfacer y que requieren ser atendidas, como una experiencia (o exigencia) de justicia satisfactoria, donde se privilegia el diálogo, la comunicación y la posibilidad de tratar alguna cuestión emocional que les preocupe, lo que incluso redunda en una  función  preventiva  de conflictos futuros.

Como anoté la semana pasada, al haber abordado a la Mediación en general, en el Estado de Puebla contamos con un marco normativo que se va consolidando firmemente, apuntalado en las leyes que a nivel federal se han emitido sobre la materia, o aquellas que se están gestando, como la ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materias distintas a la Penal; asimismo en las disposiciones legales de carácter internacional que conforman parte del marco jurídico internacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Es así que en el Estado de Puebla se han dado pasos firmes al privilegiarse a la “Mediación” (dentro de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) en Sede Notarial, ello atendiendo a que se hubo advertido que la dificultad de su desarrollo en nuestro país radica básicamente en la falta de cultura de diálogo.

Así pues, al efectivizarse hoy en día en el Estado de Puebla que el Notario lleve a cabo la gestión de los conflictos desde la perspectiva jurídica, se resignifica su labor en esta metodología de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; porque una actitud positiva de los Notarios en la promoción de la MASC es la mejor garantía para la implementación efectiva de la Mediación en Sede Notarial.

Desde la perspectiva socio-económica, en estos momentos de dificultades y falta de instrumentos útiles para hallar equilibrios, la Mediación resulta todavía más necesaria para la gestión de los conflictos en materia patrimonial, económica o empresarial, en general, en los que la discrepancia fáctica o jurídica constituyen aspectos accesorios de otros aspectos más relevantes del problema.

Una consecuencia inmediata es que la Mediación, por ser más ágil y más satisfactoria para los interesados, puede tener como efecto secundario, la movilización del crédito y de los capitales financieros que pudieran encontrarse paralizados en contiendas judiciales o listas para judicializarse y, a la par, reducir la litigiosidad de los conflictos, supliéndolos por la multicitada Mediación en Sede Notarial, donde se privilegia el dialogo y la solución creativa de la situación conflictiva.

Es necesario que se divulgue entre los ciudadanos en general y entre las empresas y sectores de negocio esta metodología, porque sólo se recurre de forma voluntaria a aquello que se conoce.

Determinados sectores de negocio, en los que se pretende mantener la relación con el cliente durante mucho tiempo, como puede ser el inmobiliario, el financiero, el bancario o el asegurador, tienen en la Mediación una oportunidad de mejora de sus resultados. Abordar el incumplimiento de las obligaciones de unos y otros desde una perspectiva colaborativa y poniendo el acento en la búsqueda de fórmulas que beneficien a ambos, sin colocar a ninguno contra las cuerdas, reportará a corto plazo mayores beneficios económicos a estos sectores de negocio así como a los clientes, ya sean consumidores o profesionales, porque se les da una oportunidad de retomar la responsabilidad de sus asuntos y de buscar compromisos de cumplimiento posible, aunque no sean los inicialmente convenidos.

De esta manea el Notario Certificado para ejercer funciones de Mediador actúa como auxiliar de la administración de justicia; interviniendo, por supuesto, como Mediador, haciendo gala, con esta herramienta privilegiada de los MASC y reconociendo el comportamiento humano al negociar, de su neutralidad, independencia, imparcialidad, preparación jurídica, entre otros principios, dotando de certeza jurídica los compromisos, derechos y obligaciones primigenios, donde podrían surgir desacuerdos sobre la naturaleza y el alcance preciso de los mismos y, por lo tanto, se podría plantear la necesidad de interpretarlos y aplicarlos en contextos específicos y situaciones concretas. De hecho, no es raro que la solución de determinada controversia requiera elaborar criterios o reglas conexas aún más detallados; ahí es donde la función del Notario Certificado para ejercer funciones de Mediador tiene una importante cabida; siendo con todo ello garante de la certeza jurídica del acto a convenir, o a interpretar.

El éxito de las negociaciones garantiza la concertación de los acuerdos de solución de controversias, que por definición serán obligatorios para los signatarios. Esta obligatoriedad deriva de un principio fundamental del derecho, pacta sunt servanda, que en este contexto se traduce en la obligación de las personas en conflicto de cumplir lo que ha acordado en cuanto al alcance de los acuerdos de solución negociados; ello en concordancia con lo estipulado en el artículo 1446 del Código Civil para el Estado  Libre y Soberano de Puebla, donde se establece que los contratos legalmente celebrados obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, así como a todas las consecuencias que son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

La Mediación se configura como una excelente herramienta a la que los sujetos de un conflicto, y auténticos protagonistas del proceso negociador, pueden acudir cuando en la negociación cara a cara, sin intervención de un tercero, se encuentran dificultades que les impidan alcanzar acuerdos mutuamente satisfactorios; por lo tanto es un instrumento de ayuda a los contendientes, y como tal debe ser percibido por éstas; siendo tarea del Notario Certificado para ejercer funciones de Mediador transmitir a las partes en conflicto para que puedan depositar su confianza en este Mecanismo de Solución de Controversias, con pleno respeto a las normas sustantivas y adjetivas, donde se da la oportunidad de flexibilizar los procedimientos, en los cuales, por mandato constitucional se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, al reconocer que las partes por su condición de personas, presentan necesidades que satisfacer y que requieren ser atendidas. Es compromiso de la sociedad alentar y hacer uso de los medios alternativos para la solución de conflictos.

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