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LA IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

Estos temas también los aborde en mi libro “Esencia Social”, por considerarlos de extrema importancia para el desarrollo de nuestra sociedad que ha despertado en los últimos años ocupando organizadamente espacios en que el Estado en momentos críticos no ha podido satisfacer necesidades colectivas, como lo fue el sismo de 1985 que marcó un antes y un después en cuanto al involucramiento de la sociedad en asuntos públicos (entendiendo lo público como lo que corresponde resolver al estado), va muy de la mano del proceso en el que, previas modificaciones a los marcos legales, las instituciones del Estado han ido permitiendo espacios de posibilidad para que sean permeadas por la sociedad civil a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), esto sin lugar a dudas ha sido posible por el incesante desarrollo tecnológico y el uso masivo de herramientas tecnológicas que permiten digitalizar y procesar a una velocidad impresionante prácticamente todo lo que acontece en la vida en comunidad. Todo esto en conjunto ha dado lugar a un avance cualitativo en el tema del proceso de consolidación de nuestra democracia, el derecho a la información pública y a la rendición de cuentas por parte de los órganos del Estado y de quien o quienes lo representan.

El acceso a la información pública y la transparencia en nuestro país han tenido una evolución muy curiosa, ya que originariamente se incluyó como parte del derecho a la información y actualmente se ha mezclado con temas relacionados con la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. El origen del acceso a la información pública y la transparencia lo encontramos en una frase del artículo 6 de la Constitución que en 1977 fue reformado para establecer “…el derecho a la información será garantizado por el Estado.” Siendo esta la ley más importante del país y la base para todas las demás, ya que en ella están todos los derechos que deben ser respetados y que normalmente son detallados en otras leyes.

Al ubicar los conceptos que es común escuchar cuando se habla de rendición de cuentas, tales como transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, podríamos decir que la forma en que las autoridades rinden cuentas es a través de las normas que establecen mecanismos, que les obligan a informar ya sea mediante los informes que tienen que rendir, la obligación que tienen de responder las solicitudes de información que les hagan las personas, o los portales de Internet en los que deben informar sobre su labor y, por otro lado, las conductas que han sido definidas como violatorias a esta rendición de cuentas y por ende su sanción, entre las que podríamos ubicar el combate a la corrupción.

En el papel, la rendición de cuentas suena muy bien, el punto relevante y el gran reto es hacerlo realidad, ya que si sólo nos quedamos con la idea de que la obligación de rendir cuentas se agota con lo que informan las autoridades, estaríamos ante una situación muy limitada. Por eso la transparencia y el acceso a la información son factores fundamentales, para que, por un lado, se pueda exigir la rendición de cuentas y por el otro, contar con instrumentos para combatir la corrupción.

Otro tema relevante que establece la ley general es que la información debe estar accesible a cualquier persona por lo cual se prevé que se habiliten todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles (Artículo 12). Así, y aprovechando la disponibilidad de la tecnología se han generado distintas plataformas para acercar los mecanismos de acceso a las personas por medio del Internet. Si bien es cierto que no todas las personas tienen fácil acceso al Internet, estadísticamente el 59.5% de la población de más de 6 años en el país utiliza Internet. Adicionalmente las autoridades han habilitado otros mecanismos para permitir el ejercicio de este derecho, que van desde la forma básica de recibir documentos con las solicitudes de información, hasta habilitar líneas telefónicas de atención.

Un tema de gran relevancia dentro del acceso a la información pública es la información clasificada. Sobre este tema se ha debatido mucho partiendo de que podría convertirse en una forma de evitar el acceso a la información, por lo que se ha buscado y justificado que las causas para clasificar la información sean las menos posibles ya que lo que se pretende es que el interés público por saber lo que hace el gobierno esté por arriba de cualquier situación que lo limite. También es cierto que las excepciones que se establecen tienen una razón de ser, ya que por un lado bajo la figura de información clasificada como reservada se vela por el funcionamiento del gobierno y bajo la figura de información clasificada como confidencial se protegen los datos personales.

Lo que es una realidad y ya está en manos de los ciudadanos son la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, que, si bien son considerados como un componente más de la rendición de cuentas, también es cierto que son la principal herramienta para que funcione cualquier esfuerzo encaminado a esa rendición de cuentas.

Podemos considerar al derecho de acceso a la información pública y la transparencia como parte de un grupo de derechos modernos que recientemente han ido surgiendo y que bien utilizados le pueden dar gran poder a las personas. El reto es utilizarlos para que los ciudadanos sean tomados en cuenta. Así, lo que nos toca a cada uno hacer es utilizarlos y cuestionar constantemente al gobierno sobre sus actividades y decisiones, ya que un funcionario que se sienta observado será un funcionario que actuará correctamente.

Sin duda, es obligación de todos exigir información para poder conocer lo que con los recursos que aportamos al Estado en forma de contribuciones e impuestos se esta haciendo.

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¿POR QUÉ PRIVILEGIAR LA LEGALIDAD?

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

Este tema lo trato en mi libro “Esencia Social” porque considero que la legalidad ha sido y seguirá siendo el bastión de las sociedades ordenadas, respetuosas y progresistas.

El término legalidad implica la incógnita ¿qué pasaría si no hubiera leyes? respondiendo que no sería posible vivir sin ellas, que estaríamos en una anarquía donde todos hacen lo que les plazca y prevalecería la ley del más fuerte o el más abusivo, es por ello que necesitamos su existencia para que haya una convivencia pacífica. Las leyes son la mejor forma para organizar comunidades, generar respeto entre sus miembros, resolver conflictos y transitar ordenadamente hacia un justo desarrollo.

Aunado a lo anterior nos viene a la mente el término “normas”, las cuales son el tipo de regla que se debe seguir o a qué se deben ajustar las conductas, tareas o actividades, por lo que podríamos referenciar que una norma es la regla que se debe de seguir en cualquier actividad y la ley es un precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en relación con la justicia y para el bien de los gobernados, por lo que la principal diferencia entre ambas es que las leyes son impuestas por autoridades y por lo tanto obligatorias, además de exigibles para todos, mientras que una norma se puede establecer de manera diversa y las personas que quieran la aceptan de manera voluntaria.

Otro punto relevante de todo esto es que, si bien es cierto que en cualquier sociedad organizada hay leyes, hay formas establecidas para hacerlas respetar y autoridades para que se cumplan, también es cierto que eso no es suficiente para garantizar su cumplimiento, porque también hay muchas personas con diversidad de intereses, lo que genera diferentes actitudes ante las leyes qué, dicho sea de paso, son muchas y muy variadas. Esta realidad poco a poco ha provocado que cada persona actúe según sus convicciones y si le sumamos que no hay instituciones, ni funcionarios suficientes, ocasiona que cada vez sea más difícil que cada persona las cumpla.

Legalidad es un principio en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho. En pocas palabras, esta definición nos marca que todos debemos respetar las Leyes, pudiendo desprender en primer lugar que para que exista la legalidad tiene que haber leyes, en segundo lugar, se debe reconocer que esas leyes están por arriba de todos los ciudadanos y autoridades y, en tercer lugar, qué debe haber un sometimiento lo cual significaría que todos sin distinción deben respetarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir.

Como un principio rector de la legalidad están los derechos humanos los cuales en la historia de México destacan en la Constitución de 1917, en 1992 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por último la reforma a la Constitución en el año 2011 en el cual modifica la manera en que se interpretan y aplican los mismos. Varios autores agrupan a los derechos humanos de una manera muy práctica la cual comparto con ustedes.

Derechos humanos de primera generación o conocidos también como derechos civiles y políticos son los que imponen al estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano por ejemplo la vida, libertad, igualdad entre otros.

Derechos humanos de segunda generación o conocidos también como derechos económicos, sociales y culturales que constituyen una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva.

Por último los derechos humanos de tercera generación también llamados derechos de los pueblos o de solidaridad los cuales surgen como respuesta a la necesidad de cooperación entre naciones como lo ha sido el derecho a la autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, justicia internacional, avances en ciencia y tecnología, solución de conflictos alimenticios, educativos y del medio ambiente todo lo anterior para contribuir al progreso con el cual se garantice la vida digna y la seguridad humana.

Para que exista legalidad debemos reconocer que todas las leyes están por encima de las personas y autoridades, por lo tanto, marcan las reglas del juego las cuales se deben seguir, en nuestro país es muy común ignorarlas o se busca la forma de excluir el cumplimiento, o más aún, justificando que no las cumplimos porque los demás no las cumplen. Es cierto que en ocasiones no nos gusta cumplir las leyes porque nos podrían parecer complejas o injustas, y a veces quisiéramos hacer valer algo que nos excluya de ellas, pero si no les damos su lugar y todos pensáramos igual, viviríamos en un caos.

Normalmente todos actuamos así cuándo es nuestro beneficio, pero si nos perjudica, entonces si exigimos que se aplique la ley. De igual forma nos es muy fácil criticar al que actúa mal, pero muchas veces se nos presenta la misma situación y actuamos tal cual lo hizo aquel al que criticamos.

El respeto a la ley justa es el camino que nos permitirá crecer como sociedad, el país hoy mas que nunca requiere de la participación de todos en los procesos legalmente instituidos que permiten una convivencia armónica y una situación favorable para el crecimiento económico.

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EL CIVISMO COMO HERRAMIENTA SOCIAL

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

En mi libro “Esencia Social” trato el tema del Civismo como un eje importantísimo para el desarrollo de las sociedades, que enmarca el respeto y solidaridad como herramienta para una mejor convivencia.

Es un concepto que poco a poco se ha desterrado y que por mucho tiempo fue una forma muy clara de aglutinar los valores o normas que regían en una sociedad, y que, aunque no eran leyes, de una u otra forma se aplicaban y respetaban.

Su definición es muy corta, por lo que se puede mencionar que es el celo por las instituciones e intereses de la patria además de un comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. De acuerdo con ellas todos los ciudadanos deberíamos estar siempre interesados en nuestra patria y comportarnos bajo una sana convivencia pública, pero desgraciadamente esto no es así, y cada día el desprecio por las instituciones y el nulo interés por una buena relación con los que nos rodean es nuestra triste realidad.

A lo largo de los años el civismo ha figurado en los modelos estudiantiles del país ya que ha funcionado para fortalecer la identidad de los mexicanos y el arraigo con muchas costumbres, transportándonos a 1972, época en que México se recuperaba de uno de los episodios sociales que le marcaron en lo político y que provocó el despertar e involucramiento de la sociedad civil; el Gobierno promovió una reforma educativa, que entre muchas cosas fortalecía al civismo y la ética como parte fundamental de las Ciencias Sociales. Así, buscaba darle mayor solidez a esas materias que incidían en la recomposición del tejido social y de una u otra forma, buscaba replantar y fortalecer el vínculo de los mexicanos con su país. Esa reforma estuvo vigente por varios años, por lo que me atrevería a asegurar que, por experiencia propia, cumplía con su función. Paulatinamente, a partir de 1993 empezaron a incluirse otro tipo de contenido en las diferentes materias hasta que, en 2002, desaparecen por completo los temas de civismo y ética de los planes de estudio y libros de texto, quedándose en esta época a incluso omitir algunos acontecimientos de la historia del país.

Más allá de que exista una materia en un plan de estudios cuya inclusión, obviamente es muy importante y bienvenida, regresamos a las definiciones si tomamos algunos aspectos de la forma en que el civismo evoluciono, encontraremos que el celo por los intereses de la patria, y el comportamiento respetuoso del ciudadano fueron fundamentales para el fortalecimiento del comportamiento cívico, aspectos que se transmitían de generación en generación.

Es así como el civismo debe de ser fortalecido en la formación de las nuevas generaciones no como una cartilla moral, sino como una forma de vida que permita que la sociedad se mueva al rededor de la responsabilidad personal, de la solidaridad y el respeto a los demás, con ello sin duda mejorara la convivencia en nuestras calles, colonias y ciudades. El llamado hoy es a la reorganización de los valores cívicos de todos los mexicanos.

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LA ADOPCIÓN EN PUEBLA

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla.

Este tema hace algunos días estuvo en la agenda pública en atención a la serie de reformas al Código Civil que el Congreso del Estado aprobó. Esté tema abordado desde una perspectiva de género causa controversia, ya que las referidas reformas, según los analistas, abren el espacio a la posibilidad para que personas del mismo sexo puedan adoptar.

En términos del Código Civil vigente para el Estado de Puebla, la adopción confiere al adoptado el estado de hijo y el parentesco que surge, produce efectos iguales al consanguíneo.

Es una institución muy antigua y se dio en las civilizaciones con mayor desarrollo, alcanzando en el pueblo romano una gran importancia, sin embargo, como figura jurídica decayó en la Edad Media hasta llegar a ser una institución prácticamente inexistente.

En nuestro País a partir de la década de los sesenta la adopción ha pasado a ser una institución muy importante para el Derecho civil y el derecho familiar, aunque desafortunadamente pareciera que la percepción de la sociedad es que es una figura jurídica que tiene su fundamento en la caridad a la infancia que ha sido abandonada. En México y en el estado de Puebla la adopción de mayores de edad discapacitados no existe, la figura jurídica que los ampara es la tutela.

En Puebla, pueden adoptar los cónyuges o personas que tengan veinticinco años cumplidos y más de diecisiete años que el menor que se pretenda adoptar a la fecha del inicio del procedimiento, satisfaciendo los requisitos señalados en el propio código civil.

Como causa de excepción en cuanto a la diferencia de edad lo es el caso de la adopción de hijos de uno de los cónyuges.

Pueden ser adoptados los menores expósitos y los legalmente sean declarados abandonados. Cuando los menores tengan más de seis años, estos deben ser informados ampliamente y obtener su consentimiento para ser adoptados.

En cuanto a los bienes del adoptado, el que adopta, tendrá respecto de la persona los mismos derechos y deberes que tiene los padres respecto de la persona y bienes de los hijos, el que adopta dará su nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que, por circunstancias específicas, no se estime conveniente. En sentido contrario, el adoptado tendrá, para con la persona o personas que lo adopten, los mismos derechos y deberes que tiene un hijo.

Uno de los aspectos que es importante señalar es que existe la posibilidad de que el menor adoptado pueda impugnarla dentro de los doce meses siguientes al cumplir la mayoría de edad. Esta impugnación deberá demandarse en juicio ordinario ante el juez de lo familiar.

Los requisitos que deben considerarse básicos para que pueda llevarse a cabo son que el adoptante sea mayor de veinticinco años de edad en pleno ejercicio de sus derechos, que el adoptante tenga más de diecisiete años que el adoptado. Con la excepción mencionada, que el adoptante tenga recursos económicos suficientes para proveer la subsistencia y educación del adoptado, que el adoptante o adoptantes no tengan antecedentes penales por la comisión de un delito doloso, que la adopción sea benéfica para la persona que se pretenda adoptar.

El procedimiento para tramitarla se encuentra establecido en el código de procedimientos civiles de puebla y tiene el carácter de procedimiento sumario en jurisdicción voluntaria, es decir, se trata de un juicio breve que no presupone litigio entra partes ni controversia.

En el procedimiento siempre será parte el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y tendrá que darse vista al Ministerio Publico. La resolución judicial que la apruebe tendrá la orden al juez el registro del estado civil de la oficina donde se registro el acta de nacimiento del adoptado, para que haga la anotación marginal correspondiente en dicha acta de nacimiento que deberá ser mantenida en el secreto del juzgado del registro del estado civil, quedando prohibido al juez del registro del estado civil expedir constancia alguna, salvo que ordené lo contrario una resolución judicial.

La misma resolución judicial que la apruebe contendrá la orden de remitir oficio y una copia certificada de tal resolución judicial al juez del Registro del Estado Civil de la jurisdicción del juez de lo familiar que haya pronunciado dicha resolución, para que elabore una nueva acta de nacimiento del adoptado. Por esa razón, deberán comparecer el o los adoptantes ante dicho juzgado del Estado Civil de las personas dentro de los treinta días siguientes, con objeto de proporcionar los datos necesarios, de tal manera que el procedimiento culmina con la elaboración de una nueva acta de nacimiento.

Los principales efectos son: El adoptante tiene, en relación con la persona y los bienes del adoptado, los mismo derechos y obligaciones que tiene el padre en relación con el hijo. El adoptado tiene, en relación con la persona o personas que lo han adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tiene el hijo en relación con el o los padres. El parentesco civil, y los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, se limitan exclusivamente al adoptante y al adoptado. Los derechos y obligaciones que resulten del parentesco de consanguinidad se extinguen por la adopción, por tanto, los parientes consanguíneos, ascendientes y colaterales del adoptado, no conservan derechos sobre el mismo quedando éste exento de deberes para con ellos. Cuando uno de los adoptantes este casado con uno de los progenitores del adoptado, el parentesco consanguíneo con éste y sus efectos permanecerán vigentes en términos de Ley y la Patria potestad se ejercerá por ambos. La adopción seguirá produciendo sus efectos, aunque sobrevengan hijos al adoptante.

Durante mi paso por el DIF estatal tuve la oportunidad y enorme privilegio de vivir de cerca los efectos, dificultades y beneficios de la noble institución de la adopción que sin duda abre posibilidades para quien es adoptado y da bendiciones a quien adopta.

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LA REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Por: César Sotomayor Sánchez. Notario Público Número 11, Autor de los libros: “Esencia Social” y “Esencia de la Representación” y miembro de la Academia de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. 

El pasado 1 de febrero el Ejecutivo mandó como iniciativa preferente a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que cancela de facto la reforma eléctrica que se aprobó en 2013 y va más allá, como iniciativa preferente, deberá ser dictaminada y votada por los diputados en este mes, por lo que su autorización será muy rápida, en un par de meses en las dos cámaras.

Lo que plantea la reforma es darle carácter legal a las prioridades de despacho eléctrico que ya había fijado la Secretaría de Energía y que había revocado la Corte, es decir, primero se pondrá en el sistema eléctrico la energía generada por la hidroeléctricas de CFE; luego las energías de fuentes renovables generadas por los privados, y finalmente la generada por las centrales de ciclo combinado del sector privado. En otros términos, se pretende sacar de la jugada a una buena parte de la capacidad instalada que han construido inversionistas privados desde el sexenio de Zedillo a la fecha, por si esto fuera poco, la reforma plantea la posibilidad de que sean cancelados los contratos de autoabastecimiento eléctrico que sean considerados ilegales, asimismo señala que las asociaciones comerciales que se gestaron en torno a dichos contratos fueron ilegales.

La reforma cambiaría las reglas del juego con las que se ha ido configurando la industria eléctrica en las últimas dos décadas y tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de la CFE, el diagnóstico señala que la reforma afectó negativamente a la CFE y favoreció a las empresas privadas, lo cual es un juicio con alta carga ideológica.

Para los inversionistas del sector eléctrico sería un golpe drástico a la confianza que va a causar trastornos mayores en múltiples inversiones ya en operación y otras en curso, la mala señal se va a hacer extensiva a toda la inversión, y no solo a la de la rama eléctrica, para los consumidores, implicará un encarecimiento de la energía eléctrica, pues el criterio de despacho será favorecer a la CFE, al margen de que tenga un mayor costo de generación que las empresas privadas.

Lo más probable es que de aprobarse la iniciativa, estallen diversos litigios tanto nacionales como internacionales, por ejemplo en el ámbito nacional, porque se podrá señalar que el trato discriminatorio hacia el sector privado es violatorio del artículo 28 constitucional y que se pretende una aplicación retroactiva de la legislación, además a nivel internacional, porque habrá empresas norteamericanas afectadas que van a invocar el TMEC como instrumento jurídico que las protege ante violaciones de los términos de sus contratos.

El tema de las energías limpias se vera comprometido y con ello los compromisos internacionales adoptados por México para disminuir las emisiones contaminantes. En especial el acuerdo de París en donde la obligación del Estado Mexicano es la de mejorar la generación de energía con mecanismos mas limpios.

Es importante mencionar que, si el Ejecutivo quería revertir la reforma energética, especialmente en el ámbito eléctrico, tendría que haber modificado la Constitución, sin embargo, sabe que, con el balance político actual, eso no es posible, por lo que ha optado por una reforma legal cuyo futuro es incierto.

Si, a esta iniciativa siguiera la de outsourcing y luego las reformas a los órganos autónomos, se estaría creando un ambiente altamente negativo para la inversión privada, en el contexto de la pandemia y sus secuelas, el afán de seguir con propuestas con alto contenido ideológico puede terminar golpeando otra vez a la economía en este año. Es imperativo que el poder legislativo observe con detenimiento los efectos económicos de esta propuesta de reforma.

 

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